En resoluciones afines con 7 votos a favor y 4 en contra, que estuvieron a sólo un voto de la mayoría absoluta necesaria para derogar una ley por anticonstitucional, la SCJN no se deshizo de las enmiendas que habían sido promulgadas a raíz de una decisión anterior que parecía defender el principio de la separación de poderes con respecto a la normativa sobre el aborto.
Tras ese dictamen que recibió 8 votos a favor y 3 en contra, en el cual la mayoría de los ministros que asintieron pareció dejar la puerta abierta para la acción a nivel estatal, las legislaturas de 17 de 31 estados mexicanos aprobaron enmiendas sobre la «condición de ser humano» que protegen la vida desde la «concepción» o desde la «fertilización», uniéndose así a Chihuahua, que había aprobado la primera enmienda sobre la condición de ser humano en 1994. Tales reformas parecían, de cara, acordes con la constitución federalista de México, que estipula que las facultades que no fueron expresamente concedidas al gobierno federal se reservan a los Estados. Los defensores del aborto, no obstante, cuestionaron la compatibilidad de las enmiendas estatales con los «derechos» que anteriormente no se habían interpretado como inclusivos del aborto.
Los pleitos permanecieron intactos durante varios años antes de que la Corte comenzara a debatir el mes pasado la constitucionalidad de dos enmiendas estatales: la de Baja California y la de San Luis Potosí.
Un proyecto de dictamen elaborado por el ministro Fernando Franco para orientar el debate recomendaba vetar las enmiendas, ya que «la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos». En un pasaje particularmente revelador, afirmó que la Constitución de Baja California violaba los «derechos a la dignidad, reproductivos y de salud de las mujeres» fundados en la Constitución y en tratados internacionales, y que «se considera al producto de la fecundación como un individuo y se confiere un carácter supremo e inderrotable al derecho a la vida, sin considerar que esa protección no puede ser absoluta», violándose así derechos que Franco denomina «fundamentales», como ser «el derecho a tener el número de hijos que se desee (y para ello, recurrir a métodos de reproducción asistida) o el derecho de no tenerlos (y para ello, emplear métodos anticonceptivos)».
Los críticos sostienen que tal inversión de derechos viola en última instancia la dignidad humana, que debe basarse en el principio del derecho a la vida, del cual dependen todos los demás, y que no puede ser subordinado a los «deseos» de otros.
Franco, además, se expuso a acusaciones de inconsistencia y de extralimitación judicial dirigida a obtener resultados, dado que su postura en 2008 se basaba en el respeto hacia un órgano legislativo, a pesar de tratarse de un órgano que había liberalizado una ley de aborto.
En cambio, Margarita Luna Ramos fue modelo de coherencia. La semana pasada, su opinión recalcó su anterior respeto por la división de poderes y por el federalismo. También fue previsiblemente coherente la postura de Sergio Aguirre Anguiano y de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes sostuvieron que los no nacidos participan de la amplia protección del derecho a la vida contemplada en la constitución federal, y, por otro lado, la de Sergio Valls Hernández, quien había abogado por la imposición del aborto en todo México en el caso anterior.
El voto decisivo fue proporcionado por el juez más reciente, Jorge Pardo Rebolledo, quien fundamentó su decisión en la estructura federalista de la Constitución. Pardo es uno de los tres nuevos jueces designados a la Corte por el presidente conservador Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), desde el fallo de 2008. Cinco de los votos a favor del aborto provinieron de jueces nombrados por el PAN.
Aunque aplauden la decisión, los pro-vida mexicanos temen que el respiro sea provisorio, ya que se aproxima el fin de los mandatos de Aguirre y Ortiz, defensores incondicionales de la vida. Lo desconcertante es que ambos fueron designados por Ernesto Zedillo, el último presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), movimiento anticlerical y secularista que dominó la política mexicana durante la mayor parte del siglo XX.
Las próximas elecciones presidenciales aumentan la incertidumbre. Con la posibilidad de que el voto de la extrema izquierda se reparta entre dos candidatos, algunos especulan que un candidato del PRI (muy probablemente, el extravagante ex gobernador del Estado que rodea el distrito capital, Enrique Peña Nieto) muy probablemente elijirá sustitutos pro-vida basándose en cálculos políticos, ya que esto podría dividir al núcleo católico del PAN, que de por sí está decepcionado por el desempeño de los jueces nombrados por este último partido.
El International Organization Law Group, filial de C-FAM (editor de Friday Fax), presentó un escrito de amicus curiae en el caso de Baja California.
El portavoz de la organización francesa "Derecho a Nacer", Georges Xavier Martin, alentó a los pro-
